Se cuestiona la aparente normalización de la corrupción en la política argentina, comparando casos como los de Insaurralde y Adorni, y señalando la falta de acción judicial y el silencio de algunos sectores políticos.
Se critica la propuesta de permitir aportantes privados en la política, argumentando que estos son los mismos individuos vinculados a casos de corrupción que inspiran acciones ilícitas.
Se reflexiona sobre la lentitud de la justicia en investigar y sancionar estos casos, contrastando con la rapidez con la que se modifican escenarios como bóvedas o vestidores para ocultar pruebas.