España penalizará con hasta dos años de cárcel las "terapias de conversión" dirigidas a personas LGTBIQ+, tras la aprobación de una reforma en el Código Penal.
Estas prácticas, antes sancionadas solo con multas, eran financiadas por agrupaciones religiosas y difíciles de detectar, ya que a menudo se camuflan como acompañamiento espiritual o psicológico. La ONU ha calificado estas prácticas como tortura.
El Partido Popular y Vox se desmarcaron de la nueva ley, generando indignación. La Federación Estatal LGTBI+ impulsa un pacto de Estado contra los discursos de odio, que afecta no solo al colectivo LGTBIQ+, sino también a personas con discapacidad, migrantes y gitanas.
Se destaca la importancia del papel de los medios de comunicación para visibilizar estas prácticas y educar a la ciudadanía sobre cómo detectarlas y denunciarlas, especialmente ante la sofisticación de las mismas y la persistencia de discursos de odio.