El gobierno español, ante la ola de escándalos que lo salpican, ha adoptado una estrategia de defensa que niega la responsabilidad política y califica la información negativa como una persecución orquestada por el Partido Popular y la extrema derecha.
Esta táctica busca deslegitimar las investigaciones judiciales y policiales, desestimando la labor de jueces, fiscales y policías. La estrategia, calificada como "muy dura", deslegitima el funcionamiento de las instituciones que aseguran la legalidad de la acción de gobierno, poniendo en riesgo la credibilidad y legitimidad del régimen democrático.