Se advierte sobre una configuración del poder en Argentina, marcada por el avance de La Libertad Avanza sobre la justicia. Se señala que la Policía Federal ha emitido un informe confirmando que el contrato de Libra, concentrado en pocas manos, carecía de estado público.
La decisión del juez Martínez de Giorgi, previa al partido de la selección argentina, se inscribe en este contexto de creciente influencia del poder político sobre el judicial. Se enfatiza la necesidad de estar atentos a estos movimientos que buscan consolidar un sistema donde la justicia responde a intereses partidarios.