La Corte Suprema de Justicia confirmó que los bienes de Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner, relacionados con la causa "Vialidad", serán rematados. Esta decisión se refiere a la primera tanda de propiedades y bienes que serán decomisados, mientras que otros bienes, como el departamento donde cumple prisión domiciliaria la expresidenta, serán evaluados en una segunda etapa.
El fiscal federal Diego Luciani solicitó la celeridad en el proceso de decomiso, estimando que el Estado debería recuperar alrededor de 684 mil millones de pesos (aproximadamente 350 millones de dólares) por el fraude en la obra pública de Santa Cruz. Sin embargo, se señala que los bienes de los acusados podrían no alcanzar a cubrir este monto.
Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente, ha expresado su preocupación por el impacto judicial en expresidentes, comparando la situación con Perú y abogando por evitar que Argentina se convierta en un país donde la democracia esté en juego. Un constitucionalista calificó de "delirio" la idea de eliminar sanciones a expresidentes.
Se discute la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, argumentando que, si bien tiene derecho por su edad, es "gravísimo" que alguien condenado por corrupción permanezca en su domicilio. Se plantea la preocupación de que esto siente un precedente para otros casos, y se sugiere que podría tratarse de un "beneficio especial" debido al "lobby pesado" que la representa.