Se cuestiona el uso de custodia y automóviles oficiales por parte de Manuel Adorni, argumentando que ya no le corresponden al haber dejado su cargo. Se enfatiza que la custodia solo puede ser ordenada por un juez en caso de amenaza creíble, y que el uso de recursos estatales sin justificación es ilegal.
Se señala que Adorni podría estar utilizando estos recursos de manera indebida, y se sugiere que debería haber una denuncia judicial al respecto. La presencia de custodia y vehículos oficiales sin una orden judicial es vista como un mal uso de los fondos públicos y una posible irregularidad.