Se plantea la necesidad de un ajuste para todos, incluyendo a los funcionarios públicos, comparando los ingresos de un senador en 10 meses con la jubilación mínima de un ciudadano hasta su muerte.
Se argumenta que la sociedad espera que los funcionarios también se ajusten, y se menciona que Javier Milei ha expresado que si alguien robó fondos públicos, debería ser apartado del cargo.