Se cuestiona el rol de Martín Insaurralde como presunto recaudador de un sistema corrupto, señalando al juez Armela por supuestas demoras en causas similares.
Se compara la magnitud del escándalo con la causa de los cuadernos de Lázaro Báez, sugiriendo que la política ha priorizado el "utilitarismo político" en detrimento de la justicia y la moral, afectando la economía.