Dos funcionarios de San Luis, identificados como el gobernador y el fiscal de Estado (hoy juez de la Corte), estarían involucrados en un esquema para quedarse con la cosecha de un campo recuperado por la provincia. Se investiga si se apropiaron indebidamente de dos millones de dólares en maíz.
Según las transcripciones de chats y audios, los funcionarios habrían instruido a un productor para que cosechara el maíz y lo dejara en un silo bolsa fuera del campo, supuestamente para evitar que se descubriera la operación. Uno de los involucrados, Darío Oviedo, secretario de Ética Pública, habría coordinado estas acciones con Víctor Endesa, actual juez de la Corte.
Además, se menciona que se intentó hacer pasar el maíz como de "mala calidad" para justificar su entrega al ganado, cuando en realidad tenía un valor considerable. La investigación apunta a un posible desvío de fondos y un plan criminal orquestado por altos funcionarios provinciales.