Se cuestiona el rol de Martín Insaurralde como presunto recaudador de un sistema corrupto y se critica la lentitud de la justicia, mencionando al juez Armela y su supuesta tendencia a archivar causas. Se compara el caso con el de los cuadernos, sugiriendo que podría ser un escándalo de mayores proporciones.
Se argumenta que la política ha utilizado la retórica de la "justicia social" para fines utilitaristas, lo que ha derivado en un destrozo de la economía y los marcos de justicia y moralidad. Se critica la falta de acción real por parte de la justicia argentina.