Se cuestiona la continuidad de la custodia policial asignada a Manuel Adorni, exfuncionario, argumentando que debería ser la justicia quien determine la necesidad de protección en caso de amenazas comprobadas, no una decisión discrecional.
Se critica el posible uso de recursos públicos para mantener privilegios de exfuncionarios, sugiriendo que Adorni debería afrontar la situación como cualquier ciudadano. Se menciona que la decisión sobre la custodia recae en el Ministerio de Seguridad y podría ser una orden directa del presidente o Karina Milei.