El juez Ariel Lijo ordenó una nueva pericia en la causa de seguros que investiga a Alberto Fernández por presuntos hechos de corrupción.
La medida busca determinar el perjuicio económico al Estado, estimando el daño en 45 organismos estatales que firmaron 25 contratos con brokers, pagando más de 3.000 millones de pesos en comisiones.
Se espera que la pericia dilate la resolución del caso, ya que involucra el sorteo de peritos, posibles recusaciones y la interpretación de los resultados, lo que podría extenderse hasta después de la feria judicial de invierno.
Las defensas de los implicados argumentan que la pericia no garantiza el debido proceso y buscan ganar tiempo ante la decisión final del juez Lijo sobre si procesa o no a Fernández.