Se analiza la posibilidad de un "cierre del Estado" anunciado por Javier Milei, argumentando que se trata de una medida principalmente discursiva.
Se sostiene que la implementación de un cierre estatal requeriría la modificación de normativas complejas. Además, se señala que el gobierno ya ha llevado a cabo acciones que equivalen a un cierre en la práctica, como la interrupción de la obra pública y recortes en diversos programas sociales.
Estas acciones, aunque de menor escala que un cierre presupuestario completo, contribuyen a la sensación de un Estado paralizado o "cerrado" en varios frentes.