Se cuestiona la continuidad de la custodia oficial asignada a Manuel Adorni, a pesar de haber sido apartado de su cargo. Se denuncia que los contribuyentes seguimos pagando por esta custodia, la cual se considera innecesaria y un posible abuso.
Se aclara que la custodia de funcionarios se maneja a través de la administración pública y el Ministerio de Seguridad, pero que un particular solo debería tenerla por orden judicial. Se sugiere que la custodia de Adorni podría ser ilegal al no existir una amenaza comprobada ante la justicia.
Se menciona que la investigación administrativa sobre supuestos favores ilegales solicitados por Adorni a sus empleados podría estar siendo frenada, a pesar de que inicialmente se había anunciado que se llevaría a cabo.