Se critica la ley de salud mental vigente, que habría flexibilizado los criterios para la internación, dificultando la hospitalización de personas con riesgo para sí mismas o para terceros. Se menciona un proyecto enviado por el gobierno al Senado que busca reformular estos criterios.
Se argumenta que el problema principal no es la ley en sí, sino la falta de recursos y la ausencia de lugares adecuados para la internación, señalando el cierre de hospitales psiquiátricos en varias jurisdicciones. Se cuestiona la priorización de otros gastos por parte del Estado.