Un grupo de expertos de las Naciones Unidas concluyó que la detención del expresidente peruano Pedro Castillo fue arbitraria y recomendó su liberación inmediata, además de una indemnización por los daños sufridos.
El informe sostiene que el arresto de Castillo, ocurrido tras su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, no respetó los procedimientos legales y vulneró derechos humanos fundamentales, incluyendo los estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.