Se criticó la lógica del gobierno de desmantelar sistemas completos de ayuda social y cultural bajo el pretexto de combatir hechos de corrupción aislados.
Se argumentó que, si bien la corrupción debe ser combatida y sancionada por la justicia, no se puede justificar la eliminación de programas o instituciones enteras basándose en unos pocos casos. Se mencionó como ejemplo la aplicación de esta lógica a las pensiones para discapacitados, medicamentos para jubilados y, por extensión, a la cultura.
Se señaló que el gobierno parece aplicar una política de "barrer con todo" ante la detección de irregularidades, en lugar de enfocar sus esfuerzos en corregir los problemas específicos y sancionar a los responsables.
La intervención cultural, según se indicó, es necesaria para el progreso de cualquier sociedad moderna, y no puede ser eliminada por completo debido a la existencia de hechos de corrupción que deben ser abordados de manera individual y judicial.