Se critica el avance del proyecto sobre falsas denuncias de violencia de género, calificándolo de "escándalo" y sugiriendo que es una concesión del gobierno para obtener apoyo político.
Se argumenta que la existencia de datos que indican un porcentaje mínimo de falsas denuncias (0,2% - 0,5%) y la ya existente herramienta legal contra el falso testimonio hacen innecesario este proyecto.
Se advierte que este proyecto podría desalentar a las mujeres a denunciar casos de violencia de género, especialmente en contextos de crisis económica.