Se cuestionó la postura de funcionarios del gobierno de Javier Milei, como Diana Mondino y Sabrina Esmeset, quienes habrían manifestado que las Malvinas no son argentinas.
Se recordó que la Constitución Nacional establece que las Malvinas son argentinas, y que estas declaraciones podrían considerarse un delito.
Se criticó la contradicción entre estas declaraciones y el discurso oficial de soberanía sobre las islas.