Se reafirma la postura de que la propiedad privada es un derecho y no un privilegio, mereciendo la protección plena de la ley y no la sospecha del poder de turno.
Se critica la idea de que la propiedad privada fue tratada como una concesión revocable, sujeta a la discrecionalidad de funcionarios y a la lentitud de la justicia.
El gobierno busca garantizar certezas y proteger a quienes trabajan, ahorran e invierten para tener algo propio.