Se reafirma la concepción de la propiedad privada como un derecho, no un privilegio. Se critica la idea de que la propiedad sea una concesión revocable sujeta a la discrecionalidad de funcionarios o a la lentitud de la justicia.
Se sostiene que el Estado debe garantizar certezas y no ser un obstáculo entre los ciudadanos y su propiedad. Se destaca que quienes trabajan, ahorran e invierten merecen la protección plena de la ley y no la sospecha permanente del poder.