Se señaló que la empresa "Masticar Sociedad Anónima", adjudicada con la concesión del comedor de Diputados, fue autorizada por un escribano público cuya identidad y domicilio generaron sospechas.
Se planteó la posibilidad de que el escribano sea utilizado para facturar servicios que no se realizan, y se cuestionó la transparencia del proceso.