La política migratoria del gobierno de José Antonio Kast en Chile enfrenta críticas por su enfoque punitivo y la posible criminalización de los migrantes irregulares.
Patricia Rojas, experta en migraciones, advierte que convertir el ingreso irregular en delito penal atentaría contra los derechos humanos y que Chile no cuenta con la infraestructura para albergar a miles de detenidos.
"Chile no tiene la infraestructura para tener detenidas a 300.000 personas", señaló Rojas, quien además cuestiona la efectividad de las medidas para disuadir la migración.Se busca priorizar la seguridad y el control fronterizo, pero se omite la necesidad de trabajar en la integración y acogida de los migrantes, especialmente los venezolanos, cuya situación se complica por la falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.