El gobierno de José Antonio Kast en Chile ha implementado políticas migratorias restrictivas con el objetivo de expulsar a más de 300.000 migrantes en situación irregular.
Se ha reforzado la frontera con la construcción de una zanja, vallas, cámaras con reconocimiento facial, drones y patrullaje. Estas medidas buscan evitar la entrada de migrantes por pasos no habilitados.
"Tenemos apenas un 25% de la migración irregular en nuestra frontera de hace un año atrás", afirmó un representante del gobierno, destacando el impacto disuasorio de las acciones.Desde marzo, se han realizado seis vuelos de deportación, expulsando a 312 extranjeros. Sumado a las salidas voluntarias, más de 3.000 personas han dejado el país bajo la administración de Kast.
Un proyecto de ley busca criminalizar el ingreso irregular al país, lo que podría acarrear penas de prisión. La experta en migraciones Patricia Rojas considera esta medida un atentado contra los derechos humanos, argumentando que Chile carece de la infraestructura para detener a tal cantidad de personas y que la medida no ha demostrado ser efectiva para disuadir la migración.