El gobierno de José Antonio Kast en Chile implementa políticas migratorias restrictivas con el objetivo de expulsar a más de 300.000 migrantes en situación irregular. Se busca reforzar la frontera con medidas como una zanja, vallas, cámaras de reconocimiento facial, drones y patrullaje, con un avance limitado de la obra hasta ahora. Paralelamente, se han realizado vuelos de deportación y se promueve un proyecto de ley para criminalizar la entrada irregular al país.
Expertos como Patricia Rojas advierten que estas medidas son un atentado a los derechos humanos, señalando la falta de infraestructura para detener a tantas personas y la ineficacia de las políticas disuasorias. Se enfatiza la necesidad de buscar un equilibrio entre seguridad fronteriza y políticas de acogida e integración.
La situación de los migrantes venezolanos es particularmente compleja debido a la falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, dejando a miles en un limbo legal. Los datos indican que los venezolanos constituyen la mayor parte de la población migrante irregular en Chile.
Adicionalmente, se planea eliminar la nacionalización por nacimiento y se busca que los servicios de salud y educación reporten a las autoridades los datos de migrantes irregulares, medidas que generan preocupación en el colegio médico por atentar contra la ética y la confianza médico-paciente.