La política española se ve marcada por un creciente número de casos de corrupción en el entorno del gobierno de Pedro Sánchez, desplazando el debate de las políticas públicas a los tribunales.
El concepto de "lawfare" es central en la polémica: desde el gobierno se argumenta que ciertas investigaciones judiciales responden a intereses políticos, mientras que la oposición sostiene que es la judicialización de la política la que aumenta. La confianza ciudadana en la independencia del sistema judicial atraviesa un momento delicado, con percepciones de parcialidad influenciadas por el sistema de designación de jueces y las disputas políticas.