Se denuncia que el gobierno nacional, a pesar de afirmar no tener fondos para áreas como salud y educación, gasta millones de pesos en reprimir a jubilados. En 2025, se estima un desembolso de 2.087 millones de pesos en operativos represivos contra manifestantes de la tercera edad.
Estos operativos, que involucraron a miles de efectivos, resultaron en 501 heridos y el procesamiento de cuatro agentes federales. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) ha documentado el alto costo de esta política de represión, que contrasta con la austeridad en otros sectores.