El gobierno nacional habría gastado 2.087 millones de pesos durante 2025 en operativos de represión dirigidos a jubilados que se manifestaban pacíficamente. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó datos que detallan un gasto promedio de 48 millones por operativo y el despliegue de casi 40.000 efectivos de fuerzas federales.
Este gasto en represión contrasta con la falta de fondos para áreas como salud, educación y ciencia, según se denuncia. Los operativos dejaron un saldo de 501 heridos y 4 agentes federales procesados, aunque se señala que la justicia debería investigar también a los mandos superiores.