El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló que los operativos de seguridad para reprimir las marchas de jubilados en el Congreso cuestan 2.100 millones de pesos.
El CELS plantea si este gasto podría haberse destinado a pagar 5.000 jubilaciones, cuestionando la prioridad de la seguridad sobre las necesidades de los adultos mayores.