El debate se intensificó sobre la posibilidad de que las universidades públicas argentinas cobren aranceles a estudiantes extranjeros. Se argumentó que esto podría ser un primer paso hacia la privatización de la educación pública y que ya ha ocurrido en otros países de Latinoamérica con gobiernos de diferentes orientaciones políticas.
Se defendió la gratuidad y universalidad de la educación pública argentina, rechazando la idea de que cobrar a extranjeros sea una medida discriminatoria o xenófoba, sino una forma de organizar recursos escasos, similar a lo que ocurre en otros países. Se cuestionó la interpretación de "segregación" frente a "priorización" en el acceso a servicios.
Se planteó que las universidades nacionales argentinas no arancelarán a los migrantes, a pesar de que algunos proyectos de ley o decretos podrían apuntar en esa dirección. Se enfatizó que el ataque real es al principio de gratuidad y universalidad de la educación pública, no a colectividades específicas.