El debate se centró en la política migratoria argentina y su impacto en los servicios públicos, particularmente la salud y la educación. Se planteó que los impuestos pagados por los argentinos financian estos servicios, incluyendo la atención médica de inmigrantes.
Se cuestionó la procedencia de datos sobre la cantidad de profesionales de la salud extranjeros en hospitales públicos, con menciones a estudios y pedidos de información. Se debatió si la presencia de médicos extranjeros en guardias públicas se debe a una falta de personal argentino o a otras razones.
La discusión también abarcó la atención en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, con la afirmación de que la Ciudad atiende a bonaerenses debido al colapso del sistema de salud provincial. Se señaló que los hospitales de la Ciudad también reciben financiamiento de la Nación y que el acceso a derechos debe ser igualitario.