Se denuncia que el gobierno de Javier Milei estaría facilitando la explotación de petróleo y gas en el mar argentino por parte de empresas británicas, lo cual se considera una entrega de recursos soberanos.
Se cuestiona la política de privatización y la posibilidad de que el acceso a servicios básicos como el agua se vuelva un privilegio para quienes puedan pagarlo, mientras que otros quedarían desprovistos.
Se menciona el caso de la empresa Navitas, con capitales israelíes y estadounidenses, que buscaría adueñarse del petróleo en el norte de las Malvinas, con la aparente anuencia del gobierno argentino.