Los jubilados y organizaciones sociales continúan sus protestas, reclamando por la situación económica y el poder adquisitivo de sus haberes. El gobierno de Javier Milei implementó un aumento del 1,9% para las jubilaciones, lo que representa un incremento de 8 mil pesos para la mínima, sumado a un bono congelado de 70 mil pesos.
Con estos ajustes, la jubilación mínima de bolsillo ascenderá a $489.817, mientras que la pensión no contributiva (PUAM) quedará en $405.853, afectando a 1.200.000 jubilados. El informe del CELS destaca que el costo de los operativos de represión a estas movilizaciones supera los $2.100 millones anuales, monto que podría haber sido destinado a mejorar las jubilaciones.
Los manifestantes critican la política económica del gobierno, la falta de diálogo y la pérdida de derechos. Exigen un proyecto opositor que ofrezca una alternativa al actual gobierno, anticipando posibles medidas de fuerza como un paro nacional.