Las organizaciones sociales, impulsadas por la CGT y las dos CTA, se movilizaron en el centro del país, incluyendo el Puente Pueyrredón y el Puente Saavedra. El operativo de seguridad alrededor del Congreso fue impresionante, con un despliegue policial que incluyó a la Policía Federal, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
Durante los enfrentamientos, la policía reprimió a los manifestantes con gases, impidiendo el avance hacia la capital federal. Eduardo Bellivoni, dirigente social, denunció haber recibido gases en los ojos y criticó la actuación policial, manifestando que no estaban atacando y que la policía avanzó sobre la movilización.
Las protestas se extendieron a otras ciudades como Mar del Plata, La Plata y Rosario. El informe del CELS revela que el Estado gastó $2.100 millones en operativos de represión a jubilados durante 2025, un monto que podría haber cubierto 5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido. Cada operativo de represión semanal tiene un costo de casi 50 millones de pesos.