La discusión sobre arancelar la salud y educación para extranjeros no residentes en Argentina se intensifica. Mientras algunos defienden la medida como necesaria ante la saturación de servicios y la falta de recursos, otros la tildan de inconstitucional y xenófoba.
Se apela al Artículo 20 de la Constitución Argentina, que garantiza derechos civiles a los extranjeros, para argumentar en contra del arancelamiento. Se señala que la tradición argentina siempre ha sido de apertura y recepción de inmigrantes.
El debate también toca aspectos económicos, sugiriendo que los inmigrantes que estudian y viven en el país también contribuyen a la economía local. Sin embargo, la preocupación por la sustentabilidad de los servicios públicos y la prioridad para los ciudadanos argentinos sigue presente.