Se plantea la dificultad de iniciar juicios contra empresas de aplicaciones que cotizan en bolsa, como Uber, cuya sede se encuentra en San Francisco. La informalidad en el sector de taxis y remises siempre existió, pero ahora la escala de las empresas tecnológicas dificulta la acción legal individual. Los tribunales nacionales han emitido fallos en contra de los choferes, lo que subraya la necesidad de ratificar el convenio 193 de la OIT por parte del Congreso para brindar seguridad jurídica.
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