Expertos critican la propuesta de ley de propiedad privada y la comparan con un "Super Jueves" que blinda inversiones, otorgando 30 años de estabilidad regulatoria y atando de manos al Estado.
Se argumenta que la ley de tierras, junto con la ley de sociedades y la ley de glaciares, conforma un cuerpo normativo que facilita la entrada de capitales extranjeros, pero que podría afectar la soberanía y la capacidad del Estado para regular en el futuro.
Se menciona la experiencia de la ley de inversiones mineras de los 90, que garantizaba la ecuación económica financiera, y se advierte que la nueva ley de tierras podría ser similar, permitiendo la adquisición de propiedades "ad eternum".
También se critica el modelo de ley de lobby propuesto, comparándolo con el de Rusia, que limitaría la capacidad de la sociedad civil, políticos y sindicales para interactuar con legisladores sobre estos temas.