El debate sobre si se debe arancelar la salud y la educación para inmigrantes no residentes en Argentina continúa. Mientras algunos argumentan que la Constitución habilita a todos a acceder a estos derechos, otros sostienen que la situación económica del país y la saturación de los servicios justifican un cobro.
Se plantea la contradicción entre el espíritu de la Constitución, que fomenta la inmigración, y la propuesta de aranceles, especialmente para quienes provienen de países limítrofes. La discusión se intensifica al considerar si los inmigrantes que trabajan y consumen en Argentina ya contribuyen de alguna manera al sistema.
La intervención de ciudadanos y representantes de comunidades extranjeras aporta diferentes perspectivas, algunos defendiendo la universalidad del acceso y otros señalando la necesidad de reciprocidad y de aliviar la carga sobre los ciudadanos argentinos ante la precariedad de los servicios públicos.