Se planteó la privatización de servicios tradicionalmente estatales, como la seguridad y la justicia. Se mencionó que en el conurbano bonaerense, la seguridad es un servicio privado contratado por los ciudadanos ante la ausencia de garantías estatales.
En cuanto a la justicia, se señaló que el 90% de los contratos internacionales incluyen cláusulas de arbitraje privado para resolver conflictos, evidenciando una tendencia hacia la privatización.
Incluso la defensa podría ser provista por el sector privado, según algunos autores y corrientes de pensamiento como el anarcocapitalismo.