Silvia, identificándose como dirigente política, defiende la apertura de la Constitución Argentina a la inmigración y critica la desfinanciación de la salud y educación públicas. Asegura que sus hijos se formaron en el sistema público y que la responsabilidad recae en quienes administran el Estado.
Se debate si la Constitución, redactada en 1853, se adapta a la realidad actual y si el acceso a servicios debe ser igualitario para residentes y no residentes. Se menciona la problemática de los pacientes oncológicos y la saturación de hospitales como evidencia del incumplimiento de derechos básicos.