Se debate la necesidad de no ser "los boludos del continente" y se cuestiona la idea de regalar servicios a inmigrantes cuando los propios ciudadanos enfrentan carencias, como aulas saturadas en la educación pública. Se sugiere que la solución no es cobrar directamente a los inmigrantes, sino que sus países de origen asuman los costos.
Se critica la hipocresía de quienes promueven la inclusión pero no garantizan la calidad de los servicios para los propios ciudadanos. Se plantea que la solidaridad debe darse una vez que las necesidades básicas de los nacionales estén cubiertas y que la responsabilidad recae en la dirigencia política y judicial.