Se debate un proyecto en la provincia de Buenos Aires que propone arancelar la salud y la educación para extranjeros no residentes en el país. La iniciativa, presentada por el señor Romo, generó un fuerte debate sobre la constitucionalidad y la ética de dicha medida.
Argumentos a favor sostienen que los no residentes deberían contribuir económicamente, dado que consumen recursos públicos. En contraposición, se argumenta que la Constitución Argentina garantiza derechos a todos los que habitan el suelo, y que cobrar por estos servicios podría ser inconstitucional y discriminatorio.
La discusión se centra en si la medida busca proteger los recursos para los ciudadanos o si fomenta la xenofobia. Se menciona la experiencia de otros países y la tradición argentina de recibir inmigrantes como puntos clave del debate.