Se discute un proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires que propone arancelar la educación y la salud para los no residentes en el país. La iniciativa, impulsada por el diputado Romo, busca establecer un cobro por los servicios públicos que utilizan los extranjeros.
La propuesta genera controversia, ya que algunos la consideran una medida necesaria para aliviar la carga sobre el sistema público, mientras que otros la ven como inconstitucional y discriminatoria, apelando a los derechos garantizados por la Constitución Argentina a quienes habitan el territorio.
Se plantea la necesidad de debatir el alcance del Artículo 20 de la Constitución y las implicaciones de diferenciar entre residentes y no residentes en el acceso a servicios esenciales, en un contexto de debate más amplio sobre la política migratoria y la sostenibilidad de los derechos sociales.