Se planteó la preocupación sobre la transición hacia un modelo libertario y el riesgo de que ciertos sectores sociales se sientan abandonados por el Estado durante este proceso.
Se cuestionó si la reducción de actividades y recursos estatales, sin la inmediata implementación de alternativas como los vouchers, podría generar un riesgo político o electoral.
Se mencionó la dificultad de reconversión laboral para aquellos que trabajaban en sectores afectados por las nuevas políticas económicas, como la indumentaria, ante la necesidad de migrar a áreas como la minería o el petróleo.