Se impulsan procesos políticos paralelos en Venezuela, incluyendo la reforma de la ley de minas y un paquete de leyes inmobiliarias, en acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y sectores de la oposición.
Estos procesos buscan una transición política y la resolución de la conflictividad, recordando los antecedentes de violencia política y "guarimbas" (protestas violentas) en 2014 y 2017.