Venezuela formalizó su salida del acuerdo de cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI), comunicando la decisión a Naciones Unidas y a la opinión pública internacional.
El gobierno venezolano argumenta un "trato parcial" y una "justicia internacional sesgada" por parte de la CPI, que según su canciller, Félix Plasencia, se ha concentrado en países africanos y latinoamericanos.
La retirada se produce en medio de disputas sobre la investigación de la CPI respecto a crímenes de lesa humanidad atribuidos a funcionarios venezolanos, y la convicción de que la Corte no actuó con equidad.