Se planteó la duda sobre si los abogados contratados por Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo al brasileño Rafael Balín, trabajan de forma gratuita (pro bono). Se mencionó que Balín es socio del abogado Sanin Martins, quien defendió a Lula da Silva y posteriormente integró la Corte Suprema de Brasil.
La discusión surgió a partir de la aparente gratuidad de los servicios legales, sugiriendo que estos profesionales podrían tener otros intereses o beneficios no declarados, a pesar de su reconocida picardía y trayectoria.