Las protestas surgieron tras una denuncia penal el 1 de julio, con campesinos y la Central Obrera Boliviana, afines a Evo Morales, instalando 100 puntos de bloqueo durante siete semanas. Las demandas incluían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Estos incidentes resultaron en 22 fallecidos y 88 heridos, según datos oficializados por la Defensoría del Pueblo y organizaciones civiles. La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención de Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado tras estos eventos.