Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta abierta titulada "El costo democrático de la politización de la justicia", en la que sostiene que su condena judicial en la causa "Vialidad" no es un error aislado, sino un ataque dirigido a proscribirla políticamente.
La expresidenta y vicepresidenta argumenta que la voluntad popular está siendo vulnerada a través de este proceso judicial. La presentación ante el comité de la ONU busca que el organismo internacional evalúe si el Estado argentino violó garantías del pacto de derechos humanos en el marco de la condena.
La carta enfatiza que los jueces argentinos que participaron en el proceso serán escrutados bajo el derecho internacional de los derechos humanos, debiendo responder ante los principios universales de independencia judicial y debido proceso. El comité de la ONU no juzgará a los jueces individualmente, sino que evaluará si el Estado argentino incumplió garantías fundamentales.