La estrategia de Cristina Kirchner de buscar la candidatura presidencial a través de las elecciones primarias (PASO) es analizada como una jugada política desesperada para mantenerse relevante en la propuesta del peronismo. A pesar de la condena firme y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, Kirchner ha incorporado nuevos abogados, con experiencia en litigios internacionales, para explorar vías legales y argumentar su supuesta "proscripción".
Máximo Kirchner defiende la vocación de su madre de participar en política, pero se enfrenta a la realidad jurídica: una persona condenada y con sentencia firme no puede ser candidata. La estrategia de Kirchner de presentarse en una PASO busca legitimarse con votos y bladir ante el mundo su supuesta proscripción, condicionando también la candidatura de Axel Kicillof y forzando una posible alianza o ruptura dentro del peronismo.
El gobierno de Javier Milei ve esta jugada como una oportunidad para impulsar la eliminación o suspensión de las PASO, ya que beneficiaría su estrategia electoral. La condena de Cristina Kirchner y su intento de participar en las elecciones son interpretados como un efecto espejo de la situación de Lula da Silva en Brasil, generando tensión diplomática entre ambos países.
La posibilidad de que Cristina Kirchner participe en una PASO, incluso si no es obligatoria, es vista como una forma de forzar una interna y consolidar su influencia. Sin embargo, constitucionalistas señalan que su condena la hace inhabilitable, independientemente de los tecnicismos jurídicos. La situación actual se centra en la dimensión política de sus acciones, buscando condicionar a Kicillof y mostrarse activa ante un electorado que, según algunos, podría verla como una opción para mejorar la economía, un argumento refutado por la realidad de su condena.